Las empresas familiares lo estamos pasando mal. Y cuando digo “estamos”, incluyo a nuestros empleados y colaboradores que forman parte de la misma. Es una de las características que nos distingue de otro tipo de empresas, sobre todo, cuando los tiempos son complicados. La mejor prueba de ello fue la preocupación que tuvimos desde el minuto uno para anteponer la salud y seguridad de nuestra gente por encima de todo y el esfuerzo para mantener el máximo número de ellos dentro de nuestras plantillas, aunque, lamentablemente, no siempre se haya conseguido.
Pues bien, en estos tiempos de postpandemia, las empresas -familiares o no- no lo estamos pasando precisamente bien. La brutal subida de los costes energéticos, el encarecimiento y ralentización de la cadena de suministros, la subida de los tipos de interés, el desabastecimiento y mayor coste de ciertas materias primas o consumibles, ciertas disfunciones en los mercados internacionales, alguna que otra medida administrativa y los nuevos impuestos con mero afán recaudatorio, junto con la inflación, nos han puesto en una posición muy complicada y no solo a los empresarios, familiares o no. Todos los factores antes mencionados afectan también de una manera u otra a todos nuestros empleados, sus familias y nuestros vecinos. Y eso nos preocupa a las empresas familiares.
Pero esto parece que no es la primera preocupación de nuestros gobernantes. Ellos están en otras cosas, más preocupados por mantener sus privilegios que por solucionar nuestros problemas. Se inventan medidas anticrisis que no solucionan el problema y solo sirven de propaganda del estado de “su” bienestar con parches eventuales y poco efectivos. Todos tenemos que llenar el depósito de nuestros vehículos al precio que fijan las gasolineras y de los que el 40% van a parar directamente al bolsillo del Estado. Ya ni siquiera tenemos, salvo los transportistas, el descuento de 0,20 céntimos por litro.
Nos han quitado el IVA de los productos más baratos de la famosa cesta de la compra (pan, leche, huevos, etc.), pero no de los más caros y habituales en ella (carne, pescados, conservas) y han bajado del 10 a 5% el de la pasta y aceite. Pero a cambio ha entrado en vigor el nuevo impuesto sobre los envases de plásticos no reciclables que, al final, siempre lo paga el consumidor y la bajada de recaudación por esta reducción del IVA no compensa la enorme recaudación que obtiene el Estado al no querer deflactar algunos tramos del IRPF.
El esfuerzo fiscal –no confundir con la presión fiscal- de los empresarios y los españolitos “de a pie” es la mayor de toda la Unión Europea y esto resta competitividad a nuestras empresas y actúan como barrera de entrada a la incorporación de nuevos empleados. Y de la enorme deuda que ha contraído este Gobierno, mejor no hablamos, aunque ya pasa de 1.505.500 millones de euros que van a tener que pagar nuestros hijos, nietos y bisnietos mientras que los políticos que nos endeudan alegremente se van a ir de rositas y con mejores pensiones que cualquier trabajador o empresario. A nosotros, por suerte, “solo” nos toca pagar los intereses de la deuda, unos 32.000 millones de euros este año en curso.
Nos venden como un éxito social la ayuda de 200 euros al año por familia o los 400 euros para que los jóvenes que cumplan 18 años se lo puedan gastar en los cines, videojuegos o en otras actividades culturales. Sin embargo, son incapaces de recortar ni un euro de los 50.000 millones en que se estiman los gastos superfluos del Estado sin que por ello se resintiera la atención a las necesidades del estado del bienestar que nos hemos dado. Como dice mi amigo y maestro, D. Juan Ignacio De Mesa, algunos justificarán que esa rebaja es el chocolate del loro, pero ¡menudo chocolate!...
Pero, por si fuera poco, parió la abuela… y desde el Gobierno-en vez de trabajar y mejorar la grave situación- se dedican a atacar a los empresarios. No pedimos medallas por hacer el esfuerzo diario en levantar la persiana de nuestras empresas, trabajando como el mejor de nuestros trabajadores, de poner en riesgo nuestro patrimonio y el de nuestra familia, creando riqueza, bienestar y empleo allá donde estamos instalados o, al menos, eso intentamos. Y, por ello pedimos, al menos, que no nos insulten.
Las empresas tenemos la obligación de obtener beneficios, pagar los impuestos que nos correspondan, mantener a flote las mismas y solo pedimos el respeto de nuestros gobernantes a los que le pagamos el sueldo y que manejan nuestros impuestos muchas veces, por desgracia, de forma pésima. Son inadmisibles las últimas declaraciones de la ministra podemita y del propio presidente en su última comparecencia en el Senado. Dejo por escrito mi desprecio e indignación por ello.
Lo hemos dicho infinidad de veces y lo volveremos a repetir cuantas veces haga falta: los empresarios no somos el problema, sino parte de la solución. A nuestros gobernantes les corresponde poner la otra parte, si son capaces. Y si no, que se vayan.
D. José Luis Martínez Lázaro
Presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar
